El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona está viviendo horas dramáticas. Y la razón es, insólitamente, un documental clandestino que se estuvo grabando durante las audiencias del juicio sin autorización de las partes, pero con el permiso de una sola persona que no le habría avisado a nadie: la jueza Julieta Makintach.
A raíz de esto, se inició una causa penal paralela donde se investiga a cuatro personas que habrían estado en las audiencias. Tres de ellos fueron identificados. En ese contexto, en los últimos minutos se llevaron a cabo una serie de allanamientos en domicilios particulares y productoras audiovisuales.
El expediente, que investiga a las cuatro personas que estuvieron dentro de la sala del tribunal grabando un documental, es llevado a cabo por tres fiscales: Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. Según los datos que pudo recopilar Infobae, se trata de dos hombres y dos mujeres. Una de ellas aún no pudo ser identificada. En cuanto a los dos hombres, se sabe que trabajan o son titulares de dos productoras audiovisuales.
Vale aclarar que hay varios puntos que tornaron esta situación sumamente escandalosa. Lo primero es que la jueza Makintach admitió ser ella quien autorizó a que estas personas entren y graben cuando eso estaba prohibido. ¿Por qué motivo les dio exclusividad a esas personas en detrimento de los demás medios de comunicación? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Otro punto, si es cierto que había un documental llevándose a cabo, ¿por qué la jueza no avisó a nadie de esa situación? Interrogante sin respuesta. Por último, si se comprueba que los acusados trabajan para productoras audiovisuales, ¿por qué lo negaron categóricamente cuando fueron consultados durante la última audiencia y dijeron que eran simples curiosos? Un misterio.
Fuentes consultadas por este medio, confirmaron que en total son seis los lugares que fueron allanados por la justicia. Cuatro de ellos están en el conurbano bonaerense y dos en la Ciudad.
“Lo que se busca en los operativos es documentación que permita acreditar cuál era el verdadero motivo por el cual estas personas estaban grabando dentro de la audiencia y, además, intentar encontrar las grabaciones que registraron para poder saber a ciencia cierta con qué material cuentan”, explica una fuente policial.
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