En los tribunales de Gualeguay, este lunes comienza el juicio oral y público por el homicidio vial de Roberto Loose, un caso que llega tras casi cinco años de demoras y que también ha movilizado a la ciudad de Nogoyá y a organizaciones vinculadas a la seguridad vial dado que es el primer caso que llega hasta esta instancia judicial.
El hecho ocurrió el 19 de abril de 2021, cuando Loose, de 80 años y reconocido vecino de Nogoyá, cruzaba por la senda peatonal en la esquina de 9 de Julio y España. Un automóvil conducido por Iván Cilley lo embistió. Loose fue trasladado al hospital local, donde permaneció internado durante quince días y falleció el 6 de mayo de ese mismo año, a raíz de las lesiones. De acuerdo con la acusación, Cilley, que conducía un Ford Escort gris, realizó una maniobra hacia el lateral izquierdo y golpeó a la víctima con el paragolpe y el espejo retrovisor cuando esta estaba por alcanzar la vereda.
Según relató la propia familia de la víctima a Infobae, la causa atravesó un largo camino marcado por demoras, cambios de fiscales y obstáculos burocráticos. El más llamativo fue que el imputado, cuando estaba por llegar la fecha original del inicio de juicio, aseguró que su abogado estaba preso, por lo que pidió posponer el inicio del proceso, pero al poco tiempo se comprobó que era mentira.
Gabriela, hija de Loose, explicó que el expediente pasó por manos de tres fiscales distintos: Maite Burruchaga, Georgina Morera Sabino y Fernando Martínez, quien ahora tiene a cargo la acusación. Todos ellos actuaron bajo la coordinación de Gamal Talev. De acuerdo con lo publicado por ell medio local El Once, la familia también denunció que al conductor no se le realizó test de alcoholemia y que no contaba con seguro al momento del accidente.
La familia recurrió al apoyo de organizaciones como Madres del Dolor, Estrellas Amarillas y el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad para aprender a sortear las barreras judiciales y visibilizar el reclamo. La colocación de una estrella amarilla en el lugar del hecho y la realización de intervenciones artísticas lograron reactivar la investigación.
El abogado de la familia, Walter Martínez, comentó que la imputación es por “homicidio culposo por la conducción imprudente de vehículo automotor” y que esperan una condena de cinco años de prisión efectiva. En la provincia, los siniestros viales no suelen llegar a juicio oral, por lo que el caso marca un antecedente para la jurisprudencia local.
“Realmente ha sido un logro que se llegue a juicio oral y público porque en esta jurisdicción no existe llegar a esa instancia por siniestros viales, no es agenda judicial”, remarcó Gabriela, quien asoció la falta de avances a una naturalización de la impunidad en este tipo de hechos.
La expectativa de la familia frente al juicio es clara: buscan que se conozca la verdad y que se asigne la responsabilidad de los hechos. En ese sentido, la hija de la víctima expresó a Infobae que el imputado “siempre intenta ocultar algo” y que, tras el accidente, registró contravenciones por alcoholemia, lo que llevó a que se negara la suspensión del juicio a prueba. “No tuvo una conducta reparadora ni mostró arrepentimiento. Quiero que se sepa realmente la verdad”, subrayó.
Sobre el pedido de pena, Gabriela pidió: «Tiene que haber una pena ejemplar. Hoy los caminos están deteriorados, las ciudades avanzan y necesitamos que se demuestre que el peatón tiene que ser intocable en la vía pública”. También advirtió que su mayor preocupación es que el fallo no sea “ejemplificador ni reparador” y que el tribunal tome el caso como una tradición, sin reconocer la gravedad de lo ocurrido. “Que empiece a librar una nueva forma de jurisprudencia ejemplificadora y sanadora para los familiares de víctimas”, concluyó.
