El fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, que también está a cargo de la UFI de Ciberdelitos de ese distrito, solicitó a la Justicia la prohibición absoluta del uso de celulares y otros dispositivos con acceso a internet para los 40 detenidos sospechados de integrar la llamada “La Banda del Millón”, la organización delictiva señalada como responsable de dos homicidios y una larga serie de robos violentos en el norte del conurbano bonaerense y que usa menores de edad para dar los golpes que, en la mayoría de los casos, planean los líderes desde las cárceles.
Según pudo saber Infobae, la presentación del fiscal advierte que, pese a las detenciones, los líderes de la banda continuaron organizando delitos graves desde cárceles y centros de detención juvenil mediante comunicaciones móviles. Por eso, reclamó controles estrictos y requisas diarias; además, pidió la instalación de bloqueadores de señal en los penales bonaerenses.
La solicitud del fiscal Ferrari, en base a documentos a los que accedió este medio, está dirigida a distintos jueces de San Isidro, a los fiscales del Fuero de Menores del distrito y al propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena.
El requerimiento incluye una lista de 40 imputados, mayores y menores de edad, en el marco de la causa por “La Banda del Millón”. Según la acusación, estos detenidos “planifican, dirigen y ejecutan delitos graves desde los propios establecimientos penitenciarios”, valiéndose de celulares para seleccionar objetivos, coordinar asaltos y, en algunos casos, recibir el producto de los robos mediante transferencias bancarias en tiempo real.
“La reiteración del patrón —mando intramuros y ejecución extramuros con el dispositivo celular como nexo operativo esencial— evidencia que el sistema de seguridad vigente resulta insuficiente para contener esta logística que trasciende los límites del establecimiento carcelario”, advirtió el fiscal.
De acuerdo a la investigación, la organización criminal mantiene una estructura flexible y dinámica, y logra adaptarse rápidamente aunque gran parte de sus responsables estén presos.
Los ataques de “La Banda del Millón”
La crónica de los hechos atribuidos a “La Banda del Millón” es extensa y revela un mecanismo aceitado de comunicación permanente entre internos y jóvenes afuera.
Por caso, la madrugada del 14 de marzo de 2024, Jorge De Marco, un empresario de Las Lomas de San Isidro, fue asesinado dentro de su casa durante un asalto. Cinco sospechosos -algunos menores- participaron en el crimen, y la investigación estableció que actuaron bajo directivas de integrantes presos de la banda.
Pocos meses después, en octubre y noviembre de 2024, una ola de robos violentos afectó barrios residenciales del partido de San Isidro, con adultos mayores entre las principales víctimas. Las pericias a teléfonos secuestrados permitieron reconstruir cómo los integrantes usaban herramientas digitales como Google Maps y redes sociales para seleccionar casas y obtener datos de sus moradores.
El informe de la fiscalía marca que, en varios casos, las víctimas percibieron que los ladrones recibían instrucciones en tiempo real a través de escuchas o llamadas en altavoz.
Quedó demostrado en el video del robo en la vivienda de la influencer Mónica Eugenia Mancini en Martínez: todo fue captado por una cámara en su habitación, que registró cómo los asaltantes mantenían una videollamada continua con Brandon Brites durante el asalto.
Sobre esa llamada, la investigación identificó la voz del imputado y verificó que la banda obligó a la víctima a transferir importantes sumas de dinero a una cuenta de un interno del Servicio Penitenciario Bonaerense. También se determinó que la banda eligió el domicilio porque supieron -por publicaciones en Instagram de la propia Mancini- la fecha exacta de su regreso al país.
La gravedad del caso escaló el 25 de octubre pasado, cuando María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, fue asesinada en la localidad de Acassuso. Según los registros, Thiago S., uno de los autores del crimen de De Marco, planificó y coordinó el nuevo robo desde un centro de detención juvenil, usando videollamadas de WhatsApp para impartir instrucciones en vivo.
Ese nivel de control remoto, para el fiscal Ferrari, demuestra cómo la estructura logra “garantizar el control total de los líderes sobre los subordinados que se encuentran en el exterior”.
En paralelo, se comprobó que otros cabecillas, como Hugo Isaias Castillo San Martín y Brandon Imanol Brites, aun estando detenidos, intensificaron la coordinación de ilícitos mediante el uso clandestino de celulares.
En uno de los episodios analizados, el asalto a la vivienda del ex juez federal Guillermo Federico Rivarola ocurrido el 5 de marzo del año pasado, Brites identificó el domicilio y proveyó toda la información desde su encierro, valiéndose de perfiles en redes sociales y aplicaciones de mapas.
“Mando remoto”
La investigación también reveló la participación de un número significativo de menores de edad. Según describió la fiscalía, los jóvenes cumplen “un rol preponderante dentro de la estructura operativa”, alternando detenciones, fugas y medidas alternativas. Los informes señalan debilidades graves en el control dentro de los centros juveniles, facilitando reiteradas evasiones y reincorporaciones a la banda.
En palabras del fiscal: “Los hechos aquí analizados presentan una misma matriz operativa y dan cuenta de que el encarcelamiento de los autores no constituye, por sí solo, un impedimento para la continuidad delictiva”. Además, se subraya que “la comunicación clandestina resulta un elemento medular e indispensable para el éxito de los asaltos”.
Por este motivo, el fiscal Ferrari consideró que “se configura un escenario de gravedad institucional, que impone la adopción urgente de medidas de seguridad extraordinarias”. Las medidas pedidas para la prohibición total de celulares para los implicados, la instalación de inhibidores de señal y controles diarios en los lugares de detención exceptuarían solo las comunicaciones entre internos y sus abogados.
El esquema que usa “La banda del Millón”, Ferrari lo definió como “mando remoto” y sostiene que los controles actuales no bastan frente a la velocidad de adaptación de los internos, que “se han apropiado de las nuevas tecnologías con mayor rapidez que quienes tienen a cargo su control”.
Finalmente, la fiscalía solicitó una prohibición expresa para que terceros no faciliten tampoco el ingreso de dispositivos electrónicos a las unidades y dejó abierta la posibilidad de que los jueces adopten otras medidas complementarias para cortar la actividad criminal desde la cárcel o los institutos de menores.
