En medio de la causa que investiga a la diseñadora de alta costura M. A. T. (54) por presuntamente haber estafado a casi 40 inversores, la Fiscalía dio a conocer los detalles de cómo habría operado el esquema Ponzi que habría dejado un perjuicio económico que superior a los USD 594.000 y 115 millones de pesos.
El colapso del sistema, ocurrido en septiembre de 2024, expuso la magnitud de la maniobra. De acuerdo con la acusación presentada ante el juez Hernán Postma, los fondos recaudados nunca se habrían destinado a la compra de insumos para la confección de vestidos, sino al pago de intereses a otros aportantes y a gastos personales.
Luego de que los implicados fueran demorados, durante la audiencia imputativa celebrada este viernes, el magistrado resolvió dejarlos en libertad bajo reglas de conducta. Además de la diseñadora, también fueron imputados su pareja, J. A. M. (60), como partícipe secundario; su ex empleada M. E. J. (43), como partícipe primaria; y el peluquero R. F. R. (44) también como partícipe primario.
Según la información publicada por Rosario3, la fiscal María Teresa Granato atribuyó a la dueña de la marca de alta costura la ejecución de “maniobras engañosas idóneas que indujeron a error a un número plural de personas”. Así, la mecánica habría derivado en que al menos treinta y siete víctimas entregaran dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias, tanto en pesos como en dólares.
En línea con la investigación, apuntaron que el local de la marca funcionó como epicentro de la operatoria. Allí se exhibían vestidos de fiesta y fotografías con personalidades, incluidos futbolistas y familiares, presentados como supuestos clientes. Para la Fiscalía, este entorno, junto con la imagen de la diseñadora como emprendedora exitosa, habría generado confianza entre los potenciales inversores.
De acuerdo con los testimonios recogidos, la acusada atendía personalmente a quienes llegaban al comercio y les explicaba que, además del negocio de confección, recibía inversiones para financiar la compra de telas, bijouterie, piedras y otros insumos importados. De esta forma, aseguraba que los ingresos por la venta de los vestidos permitían cubrir los intereses prometidos.
La Fiscalía detalló que los intereses ofrecidos alcanzaban hasta un 30% mensual, aunque luego se reducían al 20 o 18 por ciento según el monto invertido, cifras que quedaban documentadas en los pagarés entregados a los aportantes.
También se informaba a los inversores que, para retirar el capital, debían avisar con sesenta días de antelación. Los documentos eran firmados por la diseñadora y llevaban un sello con su nombre completo y CUIT, lo que reforzaba la apariencia de formalidad.
De esa manera, consideraron que la participación de los otros imputados resultó clave para el funcionamiento del sistema. En el caso de la ex empleada, indicaron que asumió tareas administrativas en el local desde febrero de 2024.
Entre ellas, el pago de impuestos, depósitos bancarios y pagos en mutuales y financieras, y luego pasó a recibir el dinero de los inversores y a pagar intereses, manteniendo contacto directo con varias víctimas a través de WhatsApp.
La Fiscalía subrayó que tanto ella como el peluquero realizaron inversiones propias y captaron a nuevos aportantes valiéndose de sus vínculos personales. Algunas víctimas declararon que conocieron la operatoria a través de R. F. R., quien la recomendaba como confiable y mencionaba que su pareja (M. E. J.) también invertía allí.
Por su parte, la pareja de la diseñadora fue acusado de colaboración secundaria, al participar en la recepción, conteo y entrega de dinero, y efectuar pagos parciales a víctimas desde cuentas de su titularidad. Esto habría ayudado a sostener la apariencia de cumplimiento de los pagos y prolongar la confianza de los inversores.
Por otro lado, aseguraron que la expansión del negocio llevó a la acusada a habilitar una oficina en Italia al 800, destinada exclusivamente a la recepción y retiro de dinero de los inversores, separando esa actividad del comercio de vestidos.
Según la ex empleada, esta medida buscaba evitar que se generara una imagen “extraña” en el local principal. Paralelamente, la diseñadora comenzó a acondicionar otro inmueble en Dorrego entre Córdoba y Santa Fe, con la intención de trasladar el negocio, lo que habría incrementado la necesidad de captar mayores aportes de dinero.
Tras exponer estos detalles, la fiscal Granato sostuvo que la dinámica respondía a un esquema Ponzi clásico, en el que los intereses se pagaban con el dinero de nuevos inversores y el sistema solo se sostenía mientras el flujo de ingresos permanecía activo.
Por este motivo, indicó que el colapso se produjo el 23 de septiembre de 2024, cuando se suspendieron los pagos. Asimismo, la acusada habría enviado mensajes predeterminados a los inversores, afirmando haber tomado créditos con más de doscientas personas y solicitando un plazo de treinta días para regularizar la situación.
A medida que los incumplimientos persistieron, crecieron los reclamos y la imputada modificó su relato en varias oportunidades, alegando problemas con organismos fiscales, robos cometidos por ex empleados y cuestiones de salud, incluso presentando certificados médicos. Pese a distintas reuniones y propuestas de pago, ninguno de los inversores recuperó su dinero después del 23 de septiembre de 2024.
