Un joven de 19 años, especialista en redes sociales, fue detenido en San Salvador de Jujuy y, ahora, se encuentra bajo prisión preventiva, imputado por trata de personas con fines de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil. La Unidad Fiscal Jujuy inició la investigación tras la denuncia de tres jóvenes, dos de ellas menores, quienes habrían sido trasladadas desde Santa Fe bajo engaño y alojadas en un departamento, donde fueron grabadas sin consentimiento con cámaras espía ocultas en objetos del hogar.
El juez federal de Garantías Eduardo Hansen emitió prisión preventiva para el acusado, identificado como G. F. F., a pedido del fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Romina Verdur. La gravedad de los cargos y el material incautado profundizó la preocupación en la investigación, que continuará al menos por los próximos noventa días.
De acuerdo con las declaraciones, las jóvenes recibieron una propuesta de beca educativa promovida por el supuesto “Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte”. La estructura digital, que incluía documentos, flyers y hasta un domicilio oficial en la Casa de Gobierno de Jujuy, resultó ser completamente ficticia y fue desarrollada por el propio imputado.
Las víctimas, de 17 y 21 años, creyeron legítima la oferta y firmaron permisos de viaje y estadía tras recibir la documentación requerida.
El acusado, especialista en gestión de redes sociales y community manager del centro de estudiantes de un colegio secundario, aprovechó su conocimiento avanzado en informática y el uso de herramientas de inteligencia artificial –incluida la aplicación de inteligencia artificial– para dotar de realismo la fachada del organismo y sus programas de becas.
La simulación fue tan verosímil que ni las víctimas ni sus familiares detectaron irregularidades en la documentación o la comunicación digital.
Esto permitió que las jóvenes aceptaran la invitación y viajasen a Jujuy en compañía del acusado, según informó el portal Aire Digital.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público Fiscal (MPF), tanto el joven como las víctimas llegaron juntos en micro y se alojaron en un departamento alquilado por el imputado en el barrio Alto Padilla.
Durante los días en Jujuy, las jóvenes participaron en actividades relacionadas con la Fiesta Nacional del Estudiante. La situación empezó a revelarse cuando una de las adolescentes notó que un reloj en el baño de la vivienda no funcionaba correctamente. Tras revisar el dispositivo, descubrieron que en realidad contenía una cámara espía, fabricada para grabar imágenes y audio de manera oculta.
Luego de detectar el aparato, las víctimas lo depositaron en el balcón y consultaron la marca y características del mecanismo en internet y decidieron alertar al acusado y, poco después, este les indicó que necesitaban trasladarse a la “Ciudad Cultural” para comunicarse con los supuestos responsables del programa de becas.
Al llegar al evento, las jóvenes brindaron detalles de lo sucedido a la Policía. Al ser confrontado, el acusado negó inicialmente la existencia del dispositivo, aunque terminó por admitirlo de manera evasiva. Posteriormente, agentes policiales observaron cuando el joven manipuló la cámara y trató de deshacerse de ella arrojándola desde un vehículo, lo que generó suspicacia y permitió a los efectivos recuperar evidencia clave.
El procedimiento policial incluyó la detención del acusado y el secuestro de una gran cantidad de material informático: teléfonos móviles, pendrives, discos externos, una computadora y una tablet. El peritaje preliminar realizado por la Fiscalía arrojó que se habían extraído al menos 15 videos y 68 fotografías de las víctimas en el departamento, filmaciones que corresponden a un período de un día y medio.
Las autoridades informaron que también se halló material fílmico de otras posibles víctimas bajo la misma modalidad, así como una cantidad considerable de material de abuso sexual infantil en los dispositivos incautados.
El hallazgo, comunicado por el MPF durante la audiencia, derivó en el agravamiento de la imputación y en el pedido formal de nuevos peritajes para determinar el origen o producción del material.
Además, la Fiscalía remarcó la existencia de “riesgos procesales latentes”, lo que fundamentó la decisión de pedir prisión preventiva y ampliar el plazo de investigación.
El juez Hansen rechazó los argumentos de la defensa, que pretendía morigerar la detención a través de la presentación de bienes en caución y el compromiso del acusado a no obstaculizar las pericias. Coincidió con la línea acusatoria sobre la gravedad y logística de los hechos, así como en la necesidad de preservar la evidencia y facilitar la obtención de más información.
En este contexto, la Unidad Fiscal Jujuy confirmó la continuidad de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados y la verificación de más víctimas posibles, al tiempo que las jóvenes afectadas permanecen bajo resguardo y acompañamiento especializado.
El caso sigue en investigación, mientras avanza el proceso judicial y se extiende el análisis forense de los dispositivos intervenidos.
