Desde hace casi dos décadas, Graciela vive en el mismo departamento en Balvanera. En aquel entonces, la zona era tranquila, segura y con presencia policial constante gracias a la Comisaría Octava, que funcionaba a la vuelta de su edificio. “Siempre estaban los policías en las calles y los patrulleros dando vueltas. Salías de noche y te sentías protegida”, recordó la mujer que prefiere -al igual que el resto de sus vecinos- no mencionar su apellido por temor a represalias.
Hoy todo cambió: la dependencia se convirtió en una alcaidía y la vista de su contra frente se modificó por completo. Graciela vive con las ventanas de su baño, dormitorio, comedor y cocina orientadas hacia un pulmón de manzana donde ahora funcionan los patios de la Alcaidía Anexo 3A. “Es como una mini cárcel de Devoto”, aseguró.
Los días de semana, el tránsito y la circulación de peatones por calle General Urquiza, entre Agrelo y Venezuela, es incesante. Por allí pasan cuatro líneas de colectivos, alumnos que entran y salen de dos colegios de la zona, ambulancias que ingresan al Hospital Ramos Mejía, taxis y remises que dejan a pacientes en la guardia, y público en general que concurre a alguno de los tres bares que hay en la cuadra.
En medio de la vorágine cotidiana que se vive en ese rincón porteño, hay un “infierno” que pasa inadvertido para muchos en la calle General Urquiza 550: los vecinos aseguran que allí funciona “una cárcel a cielo abierto”.
Detrás de la fachada de ese edificio, afirman, “se viven situaciones de un reality tumbero”: fugas de presos, motines con quema de colchones, gritos nocturnos, peleas entre detenidos, música fuerte a cualquier hora y momentos de extrema tensión.
“Acá no hay que temerle a una entradera desde la calle; acá los presos se me meten desde adentro”, contó Sergio, otro vecino de la zona, al recordar que durante una quema de colchones, en mayo y en diciembre del año pasado, se fugaron varios presos y uno de ellos escapó por la terraza de su casa.
El PH donde vive Sergio linda con el fondo de la alcaidía. “A principios de mayo de 2024, uno de los reclusos se subió a la medianera, cayó sobre mi terraza y de ahí saltó unos cinco metros hacia el pasillo que se dirige a la puerta de entrada para darse a la fuga”, relató. “Fue una locura. No sabés si estás en tu casa o si formás parte de una serie carcelaria. Acá la realidad supera la ficción”, se indigna el vecino.
Graciela también fue testigo de esa fuga. “Escuché los gritos, y estaban parados en el tapial que da a mis tres ventanas. Subieron al paredón que separa mi edificio del de Sergio. Fue un peligro. Cerré todas puertas y las ventanas, y me atrincheré en living rogando que no se metieran a mi casa”, recordó.
El temor no es infundado: en ese predio se alojan alrededor de 60 detenidos con causas graves, desde robo a mano armada hasta homicidio. “No estamos hablando de contraventores; son tipos pesados”, describió Sergio.
Pero eso no es todo: muchas celdas están pared de por medio con su PH. “En mi caso, y para ser gráfico, es como si tuviese a los detenidos dentro de mi dormitorio. Los gritos, insultos y el descontrol se prolongan hasta altas horas de la noche, sin ningún tipo de supervisión, agravando aún más la situación”, enfatizó.
Los damnificados también denunciaron que durante el incendio dentro del penal debieron autoevacuarse por el humo. “Los presos prendieron fuego colchones. Seis dotaciones de bomberos entraron por nuestros patios. Nosotros nos intoxicamos y los presos, cuando llegaron los bomberos, ya habían apagado los matafuegos. Nadie se preocupó por nosotros”, remarcó.
La repercusión mediática de ese episodio y la difusión de los videos por redes sociales, hizo que a principios de 2024 la Policía de la Ciudad construyera un muro de cemento de dos metros con alambre de púas entre su casa y la alcaidía. Para Sergio, la medida fue simbólicamente doble: “Quisieron contener las fugas y callarnos. Nos encerraron más a nosotros que a ellos”.
La vida de quienes están privados de su libertad en la alcaidía también es visible desde las ventanas de los edificios. En este contexto, algunos padres prohibieron a sus hijos asomarse a las ventanas por temor a presenciar situaciones violentas o desnudos, dado que los reclusos se cambian al aire libre, a la vista de todos.
Pese al levantamiento del paredón —que bloqueó parcialmente el ruido—, Graciela dijo que la estructura redujo la entrada de luz y aire al pulmón de manzana y no resolvió los problemas de fondo, que son los ruidos molestos. “Ellos se la pasan todo el tiempo en el patio. Comen, hacen gimnasia, escuchan música, conversan en voz alta y todo retumba en nuestras casas”, ejemplificó.
Además, relataron que las noches suelen estar marcadas por gritos y escenas de violencia que los obligan a intervenir. “A las doce de la noche tenemos que llamar al jefe de guardia para pedirle que bajen la música. ¿Quién tiene que llamar a una comisaría para denunciar a la comisaría misma?”, se preguntan con ironía. Los damnificados también advirtieron que hubo mujeres que tuvieron ataques de pánico y que actualmente se encuentra bajo tratamiento.
Todos coinciden en que la llegada masiva de condenados se produjo en septiembre de 2022. “Lo recuerdo muy bien porque fue el atentando a Cristina Kirchner, y después, en el mundial, los presos nos gritaban antes los goles porque escuchan los partidos por la radio”, recordó Sergio.
Según contó Rosa, en varias ocasiones se acercó en persona a la sede policial para pedirle a los policías que supervisen el comportamiento de los detenidos. También envió correos a funcionarios del Gobierno porteño, como el Director de la Alcaidía y el Ministro de Seguridad, sin obtener respuestas satisfactorias. “Se lo transfieren entre ellos como si fuera un trámite menor. Te contestan con una liviandad total: ‘Su solicitud ha sido remitida al área competente‘”, se lamentó.
Para Rosa, la rutina se volvió insoportable. “Yo trabajo en casa, procesando datos con la computadora. Necesito concentración, pero todo el tiempo tengo que interrumpir lo que hago porque empiezan los ruidos. “Es como vivir con ellos”, aseveró.
Además, dijo que el impacto va más allá de lo emocional, debido a que su propiedad perdió valor de mercado. “¿Quién me va a comprar la casa con esto al lado? Aunque la tenga impecable, ¿a quién se la vendés? Es una pérdida económica, laboral y productiva”, ejemplificó.
El conflicto, asegura, lo provocó el mismísimo gobierno porteño: “Nos trajeron el conflicto al barrio. Ellos se llenan la boca hablando de seguridad, pero esto es una cargada. Encima ya no tenemos comisaría. Si hay un problema, no hay nadie para atenderte. Los policías de la alcaidía están para vigilar a los presos, no para cuidarnos a nosotros».
A pesar de los reiterados reclamos presentados por los vecinos -tanto de forma presencial como escrita- dirigidos al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y al Ministro de Seguridad, Horacio Alberto Giménez; junto a su segundo, el secretario Maximiliano Hernán Piñeiro; “la respuesta fue el silencio y la total inacción”.
Los vecinos identificaron, al menos, a cinco funcionarios y áreas que los escucharon sin darle respuestas. Aseguran que les prometieron reuniones, seguimiento y ayuda, pero que nunca más me llamaron. “Nos obligan a una convivencia forzada con una población penitenciaria que vulneró nuestros derechos básicos al descanso, a la seguridad, la salud y la dignidad de quienes vivimos y trabajamos aquí”, se lamentaron.
Infobae se comunicó con el gobierno porteño, quienes aseguraron que se está trabajando para poder “sacar a los presos de las comisarías en base a un acuerdo con Nación para la creación del servicio penitenciario porteño que incluirá el nuevo penal que se está construyendo en Marcos Paz”.
Mientras tanto reforzaron el trabajo en las cárceles y comisarías para evitar fugas. “Es una realidad que hay 2500 presos en la Ciudad y se disponen diariamente de 3000 policías dedicados a cuidarlos”, agregaron.
Datos oficiales sostiene que hay superpoblación en las comisarías y las alcaldías porteñas: poseen 2.240 detenidos dentro de sus calabozos, los cuales tienen una capacidad máxima para 1.270.
“Esto no es un centro de detención transitorio. Esto es vivir al lado de una cárcel real, con todas las consecuencias, pero sin ninguna protección”, concluyeron los damnificados, mientras sus vidas siguen “al límite” y cada semana las alcaidías reciben entre 100 y 120 nuevos presos.
Fotos y videos: Gastón Taylor
