“Poseía un interés personal en el resultado de la causa», “provocó un perjuicio”, “buena fe procesal, circunstancia no verificada en el desempeño de la doctora” y “no tenía las mismas intenciones que nosotros”.
Las críticas fueron directas, extensas y sin rodeos. Tras la declaración de nulidad del juicio oral por la muerte de Diego Maradona, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso dedicaron buena parte de la audiencia de este jueves para detallar los motivos de fondo que llevaron a foja cero el debate tras la recusación de Julieta Makintach, señalándola como única responsable del colapso del proceso.
“Queremos mencionar que, para nosotros, constituye una decisión ingrata tener que proceder a la nulidad”, se lamentó Savarino.
Para los magistrados, Makintach no sólo actuó con parcialidad, sino que incurrió en una conducta incompatible con el rol judicial, al involucrarse personalmente en un proyecto documental sobre el caso en pleno desarrollo del juicio.
Según Savarino, fue determinante la incorporación de pruebas que daban cuenta de la participación de la jueza en un tráiler y en un guion vinculados a los hechos bajo análisis, lo que evidenciaba —a su entender— un interés propio en el resultado del proceso.
“No intervino de modo imparcial en el desarrollo del debate”, sentenció Savarino desde el estrado. De inmediato, advirtió que su accionar causó un perjuicio doble: tanto a las partes acusadoras como a las defensas. Pero fue más allá. Según expresó, la conducta de Makintach también perjudicó a sus propios colegas del tribunal, quienes debieron salir públicamente a aclarar que no tenían ninguna vinculación con el documental en cuestión.
“Nos remitimos a las explicaciones dadas en extenso en la audiencia anterior”, aclaró el magistrado, al tiempo que subrayó que ni él ni Di Tommaso tenían relación alguna con la producción audiovisual.
En su exposición, Savarino fue categórico: la jueza incurrió en una falta de objetividad que socavó la naturaleza colegiada del tribunal. “La intervención de la Dra. Makintach determina la nulidad del debate, ya que integró un órgano colegiado con falta de objetividad e interés en el resultado del expediente”, afirmó.
En tono reflexivo, el juez hizo alusión al funcionamiento interno y citó a doctrinarios que sostienen que en tribunales pluripersonales se espera una deliberación basada en el diálogo, acuerdos y razones comunes. Nada de eso, remarcó, ocurrió con Makintach. Según sus palabras, hubo “múltiples discusiones” y “cuartos intermedios” que alteraron el normal desarrollo del juicio, fruto del proceder de la magistrada.
Di Tommaso, por su parte, se expresó en la misma línea, aunque con una carga emocional más marcada. Si bien reconoció públicamente la labor de fiscales y abogados durante el juicio, no dudó en señalar que “lamentablemente, quien hoy no se encuentra en el estrado no tenía las mismas intenciones”.
La jueza sostuvo que tanto ella como su colega habían estado “a la altura de las circunstancias” frente a un juicio que, por su repercusión pública, requería especial cuidado. “Una persona se equivocó y pagó”, dijo. Y añadió: “Está pagando y seguramente tendrá que seguir dando explicaciones en el lugar que corresponda. Pero no es la justicia. La justicia no se mancha”.
Ambos jueces coincidieron en que, más allá de las dificultades operativas, como la falta crónica de un tercer juez, el juicio venía desarrollándose de manera adecuada gracias al esfuerzo sostenido de todas las partes.
Savarino recordó que se habían escuchado más de cuarenta testigos, incluso uno desde el exterior por videoconferencia, y que se resolvieron numerosas cuestiones preliminares. Sin embargo, todo ese avance se vio comprometido por la actuación de una sola persona: “El juicio oral estaba siendo bien desarrollado por todos nosotros, menos por una persona, la persona que resultó apartada”, sentenció.
Para ambos magistrados, la conducta de Makintach dejó a la justicia en una posición vulnerable. En palabras de Di Tommaso, si se transmite públicamente que una sola persona puede empañar el proceso, “la gente acude a buscar justicia en otros lugares que no es donde tiene que buscarla”.
El mensaje fue claro y contundente: para Savarino y Di Tommaso, la responsabilidad por el fracaso del juicio no es institucional ni compartida. Tiene nombre y apellido. Y quedó registrada en el acta del cierre de una audiencia y del juicio que, sin dudas, marcará un precedente en el fuero penal de San Isidro.
